Instrumentaremos la entrega gratuita de tablets a los jubilados. En primer lugar los jubilados que actualmente cobran menos de $24.416 mensuales y en años sucesivos seguiremos instrumentando este plan según franja de ingreso mensual. Se encomendará al Plan Ceibal atender los aspectos técnicos del programa y al Banco de Previsión Social todo cuanto tenga que ver con la población objetivo. Y la entrega y capacitación en el uso de las tablets se realizará en conjunto con las asociaciones de jubilados.

Se propone implementar un Plan Nacional de Saneamiento con fondos que no provengan exclusivamente derivados de la tarifa de las instituciones responsables de gestionar esos servicios.

Completar y extender el sistema de saneamiento de Ciudad de la Costa, el Sistema de Ruta 5 (Las Piedras, la Paz, Progreso) y en la Ciudad del Plata, en el Área Metropolitana.

Se continuará con el proceso de regularización de redes de agua potable en Asentamientos. Para ello, se dará especial prioridad al área Metropolitana de Montevideo.

Completar los proyectos y la construcción de Plantas de Tratamiento de aguas residuales en todas las capitales departamentales y ciudades con más habitantes.

Se avanzará en la construcción de las nuevas reservas y fuentes alternativas de agua en el mediano plazo, en particular en la zona costera del sur y este del País. Se dará especial prioridad para asegurar la reserva de agua a la población de Montevideo y su área Metropolitana.

Se deberá acelerar el proceso de conformación y funcionamiento pleno de los Comités de Cuenca previstos por la Constitución.

Inclusión en la programación de televisión de producción independiente y programas periodísticos de investigación, sea por la vía reglamentaria o con estímulos que en este momento son escasos.

Impulsar una modificación de la ley de patrimonio, en consonancia con la de áreas protegidas, que incentive el mantenimiento y preservación del patrimonio también por los actores privados (no siempre expropiar es la mejor solución) que incluya patrimonio edilicio, natural, artístico, documental, subacuático e inmaterial en todo el país.

Se pondrá en funcionamiento el Servicio General de Movilización (SEGEMO) y el Servicio de Defensa Civil, así como los instrumentos de la Defensa Pasiva, los que se entienden como la organización y capacidad de la población para afrontar contingencias de la naturaleza que van desde catástrofes climáticas, inundaciones, incendios, a .otras eventuales situaciones de cualquier orden, promoviendo que la población comprenda la importancia de estos instrumentos.

En acuerdo colectivo con los países sudamericanos impulsar conjuntamente la denuncia del obsoleto Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) por nuevos acuerdos de defensa regional.

Constitución de un grupo de trabajo por verdad y justicia, cuyo cometido esencial será la investigación de los crímenes cometidos en el marco de la dictadura. Este grupo profundizará en el análisis de los archivos existentes y búsqueda de información relevante en la materia, organizará el registro de testimonios de víctimas o familiares sobre delitos de lesa humanidad, hará el seguimiento del cumplimiento de las sentencias dictadas contra el Estado tanto a nivel nacional como internacional y abordará otras acciones conducentes al objetivo planteado.

Elaboración de un Plan Nacional de Educación en DDHH, a efectos de brindar capacitación a educadores, instituciones y sujetos involucrados en la aplicación de esta nueva agenda de derechos.

Reformar los procedimientos judiciales para de dotarlos de mayor celeridad de manera de que las decisiones judiciales puedan ser efectivas y aporten a la baja de la conflictividad.

Crearemos en el ámbito de la Presidencia de la República la Secretaría Nacional de Deportes. Como consecuencia de ello el actual Ministerio de Turismo y Deporte, pasará a ser Ministerio de Turismo

Ejecutar medidas para la accesibilidad universal de los medios de comunicación. Entre otras, hacer accesible la televisión a las personas con discapacidad auditiva. Se atenderá la aplicación del actual proyecto de ley de medios audiovisuales en el capítulo que refiere a los derechos de las personas con discapacidad.

Crear el Consejo Nacional de la Discapacidad incluyendo personas con discapacidad vinculadas a Asociaciones Civiles que trabajan con esta población.

Garantizar la accesibilidad universal de los servicios públicos a través de un Plan Nacional de Accesibilidad con énfasis en el transporte y la vivienda.

Avanzar en el desarrollo de un Sistema de Certificación Única de discapacidad, para tener criterios uniformes y pautas en todo el país, con el fin de garantizar la equidad en el acceso a las políticas de discapacidad que se implementen desde los diferentes sectores del Estado.

Políticas de atención en salud de las personas LGBTI, especialmente de las personas trans (en endocrinología, asesoramiento respecto a implantes de silicona y en procesos de reasignación de sexo), y profundización de los procesos ya iniciados de capacitación de los y las profesionales de la salud, y de los equipos de salud en general.

Consolidación de la Tarjeta Uruguay Social como puerta de entrada al sistema de protección social de las personas trans.

Implementación campañas públicas contra la discriminación en los medios masivos de comunicación así como en vía pública que respeten lo avanzado por la propia sociedad civil y la legislación vigente.

Priorizar el combate del bullying homofóbico, lesbofóbico y transfóbico en los centros de enseñanza a través de un programa de referentes y apoyo psicológico y social. Esto tiene que ser encarado por toda la comunidad educativa y, especialmente, por los docentes.

Red de refugios, casas de medio camino y pensión social para adolescentes y jóvenes trans expulsadas y expulsados del ámbito familiar, con profesionales capacitados para promover salidas educativas y laborales.

Licencias parentales para ambos miembros de la pareja ante el nacimiento de un hijo/a, con duración equivalente para los/as padres y madres que no portaron el embarazo, así como para las personas que adoptan niños, niñas o adolescentes.

Combate a la discriminación por orientación sexual e identidad de género en centros de trabajo generando un área específica en la Inspección General del Trabajo y dotándola de recursos técnicos y financieros.

Contribuir al diseño e instalación de mecanismos de control y fiscalización de expendio de sustancias psicoactivas en el marco de modelos de regulación de mercados como alcohol, marihuana, tabaco.

Establecimiento de un Sistema Nacional de Investigación sobre Usos de Sustancias Psicoactivas, articulando con los diferentes ámbitos y centros de investigación existentes tanto en el ámbito de la UDELAR, como en el de otras entidades académicas y de la sociedad civil.

Desarrollar una concepción y estrategia comunicativa del conjunto de los organismos del Estado acerca del uso de sustancias psicoactivas, sus riesgos y daños, cuyo eje comunicacional pase por la desestigmatización de los usuarios de drogas promoviendo la inclusión e inserción social, cultural, económica y educativa de los mismos.

Promoción de centros de prevención, tratamiento integral, rehabilitación y reinserción para usuarios problemáticos de drogas, con dispositivos ambulatorios y de internación en cada departamento, utilizando la variedad de infraestructura existente. Estas prestaciones deben formar parte de la cobertura del SNIS.

Se remitirá al Poder Legislativo un proyecto de ley que dispondrá que el pago del IRPF para aguinaldos y salarios se realice de manera separada al resto de las retribuciones.trabajadores.

Remitir un proyecto de ley para consolidar legalmente y ajustar los mecanismos de funcionamiento del Fondo de Desarrollo (FONDES), creado por decreto en el año 2011.

Remitir al Parlamento Nacional el proyecto de Ley para restituir el Impuesto de Primaria a las extensiones de tierra superiores a 300 hectáreas.

En el marco de un banco de fomento o de entidades promotoras del Mypes, se incluirá dentro de los préstamos el costo de gestores que ayuden in situ a mejorar la eficiencia. Extender [esto], en forma proporcional y decreciente según tamaño, a las pequeñas empresas, para que mantengan estímulos acordes a su nivel de desarrollo y en atención a su inserción en cadenas estratégica de creación de valor

Avanzar en el incremento de la alícuota del IRAE u otras herramientas tributarias para las actividades de renta excepcional vinculadas al uso de recursos naturales y la concentración de la tierra.

Creación de una banca de fomento para el desarrollo que atienda las necesidades de financiamiento de las empresas de economía social y solidaria, y de las medianas y pequeñas empresas.

Creación de un Banco de Desarrollo: donde el Banco de la República debe integrarse como un protagonista central.

Estudiar y concretar mecanismos de certificación de los emprendimientos, así como el otorgamiento de sellos o marcas de ESS, a la vez de construir un sistema de indicadores que permitan identificar y medir a los emprendimientos desde su integralidad y diversidad.

Llevar la inflación a un rango meta entre un 3 y 7 % y ubicándose en el eje del mismo en un plazo aproximado de 18 meses.

Consolidar un Plan Nacional de Desarrollo de la ESyS que sea resultado de la alianza entre gobierno y movimiento social.

Elaborar un Plan Nacional de Educación a largo plazo, con amplios consensos sociales y políticos, orientado a la transformación de la educación pública que tome en cuenta para su debate: fines y objetivos de la educación; la cobertura del sistema; la profesión docente; aprendizajes deseables: su diversidad, integralidad, universalidad y democratización; la evaluación continua, y la construcción y distribución social del conocimiento. Para su discusión, elaboración y seguimiento se tendrán en cuenta los aportes del Congreso Nacional de Educación previsto por la Ley de Educación.

Instalar un Plan Nacional de Acreditación de aquellos conocimientos que los trabajadores se apropian en su relación con el mundo del trabajo.

Formulación de un inventario de los bienes estatales, su estado de situación, ocupación y demás aspectos inherentes.

Remitir al Parlamento Nacional un proyecto de ley proponiendo que el Ministerio Público y Fiscal deje de ser una unidad ejecutora del Ministerio de Educación y Cultura para pasar a ser un servicio descentralizado.

Convocar a un foro Uruguay 2050 a realizarse en el segundo semestre del presente año y en el que participarán representantes de la sociedad civil, desde la academia a los medios de comunicación, pasando por empresas públicas, agencias estatales, congreso de intendentes, plenario de municipios, cámaras empresariales, organizaciones gremiales, sindicales y religiosas, organizaciones no gubernamentales, etcétera.

En el año 2016, el 100 % de los trámites podrán ser iniciados y seguidos mediante Internet e incluso desde los propios teléfonos celulares desde los cuales podrán hasta efectuarse los pagos correspondientes.

Transferencia efectiva de recursos a los gobiernos municipales acompañado de la capacitación adecuada y no dejarlo librado a la decisión política de cada gobierno departamental.

Implementar un Sistema de Planificación Estratégica Integral y de Planificación Anual Operativa que permita dotar al Estado de eficaces herramientas de gestión.

Definir una política comunicacional para los organismos estatales, que incluya los medios masivos de comunicación, sobre los diferentes servicios que se prestan a la población.

Proponer que en el Presupuesto Nacional los distintos Ministerios y Entes del Estado realicen la apertura presupuestal para actividades de desarrollo vinculado con los cometidos de nivel municipal.

La Ley Nº 9.515 (Orgánica Municipal de 1935) requiere actualización, tanto en función del tiempo transcurrido como de las derogaciones tácitas generadas por normativas posteriores (constitucionales y legales) y los desafíos de una estrategia de descentralización participativa.

Diseñar y poner en práctica una política de software y activos informáticos. Esta política deberá promover el desarrollo del ecosistema de software a nivel nacional e incentivar el desarrollo de software libre promoviendo un modelo socializante. Establecer el marco regulatorio para uso de los recursos, entre ellos, el de computación en la “nube” en sus diferentes modalidades de servicios,tanto de software como de datos. Esta regulación deberá garantizar la soberanía nacional sobre dichos datos y servicios, de tal manera que sean localizados íntegramente en el territorio nacional y evitar la generación de monopolios privados y asegurar la gestión estatal de dichos servicios.

Creación de una Red Nacional de Agencias de Desarrollo Local, que dialoguen de manera permanente con estas agencias nacionales (ANII, INEFOP, CND, INACOOP, Uruguay XXI).

No admitir controles de contenidos en Internet, de forma de no limitar el acceso al conocimiento, más allá de las prevenciones que se deberán tomar en cuanto a defensa y soberanía nacionales.

Promover la publicación abierta de resultados de investigaciones e innovaciones financiados por el Estado para propiciar un acercamiento entre la academia, la producción y los ciudadanos. Promover el acceso al conocimiento a partir de la publicación abierta de resultados de investigaciones financiadas por el Estado, así como de innovaciones generadas del mismo modo.

Crear en el Poder Ejecutivo la Institucionalidad adecuada cuya misión sea el diseño y la implementación de políticas públicas y acción afirmativa que integren los principios de igualdad y no discriminación en todos los niveles y áreas de la gestión pública (trasversalización por género y edad).

La incorporación en todos los niveles de la educación formal de la Historia General de África y los contenidos referentes a la historia de la población afrouruguaya y sus aportes en la construcción de la sociedad.

Poner en funcionamiento un vasto proyecto que permitirá identificar los residuos de las diversas cadenas agroindustriales del país, definir las tecnologías más adecuadas para transformarlos en diferentes tipos de energía, poner en marcha proyectos pilotos y definir una hoja de ruta para la multiplicación en todo el país.

Expandir los programas de Turismo Social, los que tendrán una función sinérgica con otros programas:tercera edad, quinceañeras, niños y niñas, jóvenes,trabajadores y trabajadoras, ciudadanos de bajos recursos.

Se pondrá en funcionamiento la terminal regasificadora de gas natural licuado y a partir de ello se consolidarán los instrumentos para el desarrollo de la cadena del gas natural en nuestro país, tanto en el sector residencial, como industrial y el transporte.

En la industria naval se impulsará la construcción de barcazas para transporte de mercaderías en cabotaje; de remolcadores para ANP y ANCAP, es decir la potenciación del cluster naval que además generará actividades conexas como talleres de mantenimiento y reparaciones.

Consolidación del Gabinete Productivo y de los Consejos Sectoriales - El Gabinete Productivo y los Consejos Sectoriales serán los pilares fundamentales de la definición del desarrollo de los sectores agroindustriales y de servicios, dotando de un significado coherente, en un mismo plan estratégico, al conjunto de programas ya existentes.

La vestimenta para la policía, fuerzas armadas, bomberos, salud pública, etc. debe tener mano de obra nacional. Serán resultado de licitaciones nacionales para emprendimientos en determinadas condiciones acordadas en forma tripartita como por ejemplo empresas que respetan la libertad sindical y la negociación colectiva.

Uso del carné de salud como documento público con validez en los ámbitos educativos, laborales y deportivos.

Aumento de cobertura del Plan CAIF (efector público principal) alcanzando, en una primera etapa, a todos los hogares de los dos primeros quintiles de ingresos; y en una segunda etapa, desarrollándolo - con las adaptaciones que correspondan - en el conjunto de la sociedad

Proteger por ley a las mujeres trabajadoras para que no pierdan incentivos semanales y mensuales cuando concurren a control de embarazo, así como a madres y padres por atención de salud de niñas y niños en su primera infancia.

Extensión, a todo el Sistema de Salud, del sistema de seguimiento (Plan Aduana en ASSE) en cumplimiento de las metas prestacionales vinculadas a la visita domiciliaria integral; cumplimiento de los controles de salud; universalización efectiva de la evaluación del desarrollo infantil en etapas claves.

Implementación del Sistema Nacional de Infraestructura con el objetivo de orientar el proceso de inversión pública y privada en el país, priorizando la recuperación, mantenimiento y desarrollo de la red carretera y ferroviaria, así como de puertos y aeropuertos.

Resultan necesarios Centros de Datos de alta confiabilidad y capacidad que permitan concentrar y optimizar las capacidades de TI del Estado y que posibiliten ofrecer servicios de gran valor agregado para los países de la región, apuntando a ser un centro regional de excelencia en estos servicios.

Inmediatamente pondremos en práctica un plan para la reparación y mantenimiento de la red vial que se encuentra deteriorada, en especial la rutas: 30, entre ruta 5 y repecho de Pena en el departamento de Artigas, la ruta 27 en el departamento de Rivera, la 12 y 55 y otras rutas, además, de los departamentos de Colonia y Soriano que hacen a la regional 7 de la Dirección de Vialidad.

Se generará un fuerte Sistema Nacional de Puertos (S.N.P.) que trabaje de continuo en la mejora y el desarrollo de los puertos comerciales, deportivos, turísticos y pesqueros tanto estatales o en régimen de concesión, de forma tal que con un criterio de complementariedad, la infraestructura instalada y a instalarse así como la tecnología necesaria, puedan hacer frente a la demanda que generan las importaciones, exportaciones y los tránsitos, en forma oportuna y eficiente.

Se mejorará el control a las asociaciones público-privadas y público-públicas, a través del desarrollo de normativas claras que permitan una mayor transparencia así como mayores y más eficientes controles en las asociaciones, lo que permitirá mejores inversiones en el país.

Desarrollar un Programa de Transporte Colectivo Nacional (TCN) de calidad, con un análisis y desarrollo de sistemas de transporte departamentales.

Implementación de una tasa de pago por uso para transporte de carga para generar mayor equidad en la distribución del peso del costo de rehabilitación,mantenimiento y diseño de nuevas rutas.

Creación de una Política Aeronáutica Nacional, intentando lograr la mayor certificación internacional del sistema aeroportuario del país.

Política de Primera Experiencia Laboral Juvenil: en el marco de la aplicación de la nueva ley de empleo juvenil se desarrollará un programa que estará destinado a jóvenes de entre 16 y 24 años, a los efectos de desarrollar su primera oportunidad laboral formal, en un período temporal acotado y bajo diversas modalidades en empresas públicas, privadas y organismos de la administración central.

Sistema de información para el acompañamiento de las trayectorias educativas: este instrumento estará al servicio de educadores y docentes para la toma de decisiones cotidianas en el desarrollo de estrategias de inclusión educativa, prevención de rezagos y desvinculación.

Sistema de Cuidados en Centros Educativos: esta política atenderá particularmente la situación de mujeres jóvenes excluidas del sistema educativo, se desarrollará en forma paralela al aula y permita fortalecer las trayectorias educativas de adolescentes y jóvenes, permitiendo así la culminación del ciclo de educación media.

Consultorios Jurídicos para jóvenes: resulta fundamental instalar y extender en el territorio nacional consultorios jurídicos que brinden un servicio de asistencia, asesoramiento y patrocinio jurídico que permita promover derechos y abordar situaciones donde son vulnerados los derechos de las generaciones más jóvenes.

Ley de Juventud - Plataforma Nacional de Juventud: a través de una ley se creará una plataforma de participación juvenil que contemple el territorio nacional. La misma tendrá como objetivos: estimular, difundir y coordinar la participación de las y los jóvenes de nuestro país, creando un espacio de referencia para las organizaciones juveniles.

Presupuesto con perspectiva de Juventud: la inversión pública en juventud deberá reflejarse en la elaboración del presupuesto nacional. Por lo tanto se incorporará - como criterio para su elaboración- la dimensión generacional, esto significa que cada organismo deberá dar visibilidad en su presupuesto al monto destinado a políticas, programas e iniciativas a jóvenes

Universalizar el sistema de tutoría o referentes entre pares: se extenderá y ampliará en la educación media superior y básica la incorporación de la figura del “referente par” como estrategia prioritaria de acompañamiento de proximidad. Al mismo tiempo que se fomentará en el conjunto de la educación terciaria el desarrollo de prácticas solidarias como práctica acreditable

Se pondrá en funcionamiento un sistema de formación profesional que implicará la coordinación y articulación de los contenidos curriculares de los programas de formación para el trabajo (formal y no formal).

Definir e implementar el Sistema Nacional Ambiental (SNA). Las políticas públicas de protección del ambiente y del desarrollo sostenible, se deben nutrir con todas las visiones sectoriales y es el SNA el espacio adecuado para ello, reafirmando el rol articulador en la materia del Ministerio y la necesaria racionalización y reformulación de los numerosos ámbitos concurrentes en materia ambiental y de planificación.

Promover la formulación de un Plan Nacional Ambiental que profundice y articule el conjunto de aspectos sectoriales hoy dispersos en su concepción y gestión, definiendo explícitas políticas, así como planes y programas para su implementación articulada y consistente.

Creación de la Comisión Asesora para el Desarrollo Sostenible. Reuniendo en ella las actuales roles de la COTAMA, COAOT, COASA y CAAT, que superponen funciones y actores institucionales y sociales en su funcionamiento, creando una sola comisión que integre al conjunto de actores e instituciones sociales, públicas y privadas, relacionadas con estos procesos., garantizando así la mayor y democrática participación. (COTAMA - Comisión Técnica Asesora de Medio Ambiente, COAOTComisión Asesora en Ordenamiento Territorial, COASA - Comisión Asesora en Agua y Saneamiento, CAAT - Comisión de Agua, Ambiente y Territorio).

Se promoverá la producción agro ecológica de alimentos mediante la elaboración participativa de un programa integral que involucre extensión investigación, apoyo organizativo y créditos diferenciales entre otros. Este programa estará destinado a un proceso que gradualmente pueda abastecer de productos sanos inicialmente a escuelas y hospitales y luego a toda la población.

Implementar un Plan Nacional para la promoción de la Agroecología y la Agricultura Orgánica. El mismo priorizará las áreas rurales cercanas a pueblos y ciudades, cuencas utilizadas como fuentes de agua para uso humano, áreas de interés por su biodiversidad y zonas de concentración de agricultores familiares.

Promover el surgimiento de iniciativas comunitarias y sin fines de lucro en la televisión, a través de acciones como el uso de la reserva de espectro y el otorgamiento de nuevas autorizaciones, la asignación de un porcentaje del canon que pagarán los licenciatarios de la TV digital.

Impulsar la primera Defensoría del Público con el objetivo de promover y educar en derechos, articular entre las audiencias y el público, investigar y exponer los problemas del sistema mediático.

Crear nuevos fondos específicos y fortalecer los fondos existentes (ICAU, MEC, MIEM, etc.) de apoyo a la producción audiovisual nacional de calidad y con alto valor agregado, en especial para televisión, pero pensada para su emisión en múltiples plataformas tecnológicas, así como de aplicaciones interactivas para el nuevo entorno digital y convergente. El otorgamiento de recursos económicos deberán seguir procedimientos concursables u otras formas no discriminatorias de acceso a fondos públicos.

Consolidar los mecanismos de otorgamiento de autorizaciones y licencias de servicios de comunicación audiovisual en igualdad de oportunidades y sin discriminación a través de la realización de concursos públicos y audiencias públicas, la asignación por criterios que no se basen en la capacidad económica, la influencia político-partidaria o la línea editorial del medio, la participación y control ciudadano en el proceso de otorgamiento, etc.

Establecer estímulos regulatorios y fiscales para lograr la ampliación, difusión y distribución de la producción independiente en los medios de comunicación audiovisual a través de medidas tales como exigencias de mínimos de emisión o distribución de contenidos nacionales, premios y fondos concursables, líneas especiales de crédito, facilitación de locaciones y estímulos fiscales, entre otros. También se deberán promover condiciones y relaciones justas entre productores y operadores de TV.

Fortalecer la legislación que protege y promueve el ejercicio pleno de los derechos de niños, niñas y adolescentes a la privacidad e intimidad, imagen, dignidad, no discriminación y acceso; estableciendo un horario de protección en medios audiovisuales y regulando, en consonancia con estándares internacionales, la publicidad dirigida a niños, la publicidad protagonizada por niños, y la exhibición y difusión de imágenes de excesiva violencia o truculentas o que hagan apología o incitación a la violencia durante el horario de protección, entre otras medidas.

Aprobar una legislación que regule la asignación de publicidad oficial para que haya una distribución más justa a todos los medios del país, de modo transparente y bajo criterios compatibles con la libertad de expresión y la promoción del pluralismo y la diversidad.

Incorporar el uso de señales de TV satelitales de acceso abierto para garantizar el acceso a todos los hogares del país de las emisoras públicas.

Generar fondos concursables para producción y programación, desarrollando cursos de capacitación en conjunto con los medios y la UDELAR, facilitando el acceso a equipamiento de transmisión y producción, estableciendo procedimientos diferenciados de otros sectores y adecuando las exigencias técnicas y administrativas a las características del sector, entre otras.

Establecer estímulos regulatorios y fiscales para lograrla descentralización de la producción de contenidos excesivamente concentrada en Montevideo, y el fortalecimiento de los medios locales y regionales del Interior, a través de medidas tales como premios, fondos concursables, exigencias regulatorias de mínimos de emisión o distribución, líneas especiales de financiamiento, facilitación de locaciones y estímulos fiscales.

Aprobación del decreto reglamentario de la Ley N.º 19.307, que regula la prestación de servicios de radio, televisión y otros servicios de comunicación audiovisual.

Promover mecanismos de flexibilidad horaria y licencias por responsabilidades familiares para las personas que cuidan a sus familiares en situación de dependencia en forma no remunerada, si están ocupadas.

El financiamiento necesario para la construcción del Sistema Nacional de Cuidados será incluido en el presupuesto quinquenal 2015-2020. Se considerarán diversas fuentes (públicas, privadas, mixtas).

Crear y ordenar las acciones del Sistema Nacional de Cuidados. Como toda transformación estructural, la instrumentación del Sistema de Cuidados será gradual.

El Ministerio de Desarrollo Social será el responsable de coordinar el sistema a través de una Junta Nacional de Cuidados integrada por aquellas instituciones con competencia en rectoría de políticas de cuidados, y con participación social. La Junta incluirá entre sus miembros un/a representante del Instituto Nacional de las Mujeres.

Promover la definición de la categoría laboral de “cuidador/a” y sus diferentes niveles de complejidad e incorporarla en los espacios de negociación colectiva (Consejos de Salarios).

Se fijarán estándares de los servicios (infraestructura; tipo de acciones básicas a definir como parte del servicio; número, calidad y organización de los recursos humanos, entre otros) apuntando a mejorar la calidad de los mismos.

Promover la construcción de centros regionales y públicos de larga estadía en el interior del país como parte de una nueva estrategia de regulación y supervisión de residenciales y hogares

Formalizar por ley la Tarjeta Uruguay Social ya existente de forma similar a Asignaciones Familiares y Asistencia a la Vejez.

En el primer año de su ejecución se invertirá en el entorno de los 45 millones de dólares y para el año 2020, cuando todas las acciones previstas estén desplegadas, el costo anual del Sistema Nacional Integrado de Cuidados será aproximadamente de 240 millones de dólares.

Se incrementará el presupuesto de ASSE, asignando el mismo según cápitas ajustadas por edad y sexo de su población usuaria para las prestaciones con valor equivalente al de los usuarios FONASA. Las prestaciones no PIAS seguirán siendo financiadas bajo el régimen actual.

Se realizarán ajustes normativos para una mayor articulación y complementación de los servicios públicos articulados en la RIEPS (Red Integrada de Efectores Públicos de Salud), en el marco de su integración plena al SNIS, incluyendo la participación de ASSE como miembro pleno de la JUNASA representando a la Red Pública de Salud.

Implementar el principio para que frente a una urgencia médica que requiere cualquier persona que se encuentre fuera del departamento donde resida, ella tendrá derecho a concurrir a cualquier institución pública o privada del departamento donde se encuentre para recibir la atención médica que requiera.

Modificación de la ley 18.211 generando la obligatoriedad de los efectores de salud públicos y privados de complementarse territorialmente cuando ello sea necesario para la concreción de objetivos sanitarios definidos.

Se generará una Policía Nacional de Tránsito, con personal adecuado y tecnología de punta que permita, no sólo la verificación online de infracciones en rutas nacionales y centros urbanos con centro de monitoreo interinstitucional, sino un mayor control de la siniestralidad en el tránsito en general

Puesta en funcionamiento de una nueva Ley Orgánica Policial que establezca con claridad que la Policía está al servicio del Estado de Derecho, y que su misión es garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos.

Profundizar la intervención post-penitenciarias, asociadas al rol del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, que deberá continuar con su proceso de modernización y mejora de los procedimientos.

Creación de un Plan Nacional de Cultura Democrática y Humanista. Esta herramienta desarrollará permanentemente programas y acciones para la inclusión social y la convivencia pacífica, contra la violencia y toda forma de discriminación, así como la promoción de la cultura basada en la dignidad de la persona humana, considerada en su dimensión individual y comunitaria

Fortalecer el Sistema de Información de Seguridad Pública a través del desarrollo de un módulo de datos estadísticos sobre el tiempo de patrullaje, tanto en vehículos como a pie; y también de la implementación de un sistema de información criminal.

Reducir drásticamente el delito de rapiña y se continuará con la lucha frontal al narcotráfico, al lavado de activos y a los delitos precedentes tales como la corrupción.

Reasignación de recursos entre jurisdicciones policiales. Continuar con la planificación y distribución de los recursos materiales y humanos conforme a la geo referenciación del delito. Tenderemos a concentrar el personal y los medios materiales en las jurisdicciones en las que la estadística constata grandes concentraciones de eventos delictivos de suma seriedad llevando el proceso de forma gradual y evaluando sus impactos.

Destinar mayores recursos humanos y financieros a la investigación de los hechos de violencia doméstica y de género garantizando la adecuada sanción y reparación de los hechos.

Profundización de la reforma organizativa de la Policía Nacional orientada a la gestión basada en el conocimiento y la inteligencia aplicada.

Se implementará un Registro Único Nacional de Conductores y Sanciones con permisos únicos de conducción por puntos, profundizando la política de la Seguridad Vial con una visión humanista y con definiciones de tránsito como cuestiones de seguridad pública y ciudadana, adoptando mecanismos para preservar la vida y la salud total de la población

Incremento de salarios mínimos, se realizara un fuerte incremento especialmente en algunos sectores, entre los que se encuentran el rural, doméstico, comercio y servicios.

Combate a la informalidad, que es heterogénea y aún próxima al 20%, ya que lesiona diversos derechos de los trabajadores y genera situaciones de competencia desleal en el mercado laboral.

Se dispondrá una línea de créditos blandos para refaccionar viviendas para alquilar, con compromiso de arrendamiento antes del año y pago mediante retención a los alquileres. Esto se complementará con la aplicación de gravámenes a las viviendas desocupadas y terrenos baldíos.

Se agilizará la ejecución de deudas con el Estado que gravan la propiedad inmobiliaria, siempre que ésta no sea vivienda única y permanente del deudor y que no medien dificultades económicas para el pago, en cuyo caso se otorgarán facilidades a ese efecto.

Se reglamentará el deber de usar, aprovechar,mantener, etc., los bienes inmuebles, previsto en la LOTyDS, que se pondrá inmediatamente en aplicación para un mejor aprovechamiento del stock habitacional y la infraestructura existente

Se elevará el tope de ingresos para ser sujeto de crédito del Plan de Vivienda, considerándose en ese tope la integración del núcleo familiar, tomando como parámetro el ingreso por persona.